En Uruguay, donde hay un alto nivel de abandono de niños, aún no existe un programa nacional de adopción. Por distintos motivos, el Iname entrega sólo unos 50 menores por año. Las parejas optan por recurrir también a vías "paralelas".
Rosario Touriño
"Hoy
habría 114 niños que podrían ser declarados en situación de
abandono. Son muchísimos, pero a mí me llegan muchos menos",
dice a BRECHA Ana María Méndez, directora del Instituto de
Legitimación Adoptiva y Adopción (ILAYA) del Iname. La oferta del
ILAYA, que funciona en un modesto local en la calle Río Branco con
un puñado de funcionarios sobrecargados, es menos prolífica que las
estadísticas de abandono: anualmente entrega sólo 50 niños en
adopción. En lista de espera permanecen anotados 200 padres,
carcomidos por la ansiedad. En promedio deberán esperar con suerte
unos dos años largos para lograr su objetivo, a veces tres.
Muchos
optan por mover influencias en el Interior, en especial hacia el
norte del Río Negro, con el fin de concluir tratos "particulares".
"El Iname tiene jurisdicción sobre todo el territorio nacional
pero de hecho no se cumple", explica Méndez. "En el
Interior son los jueces y los directores de hospitales los que
entregan a los chicos sin que intervenga el Iname, guiándose por
tarjetas de recomendación." Otra persona vinculada al tema y
que prefirió mantener el anonimato confirma a la directora del
instituto estatal: "En el Interior es una papa. El que tiene más
influencias es el que primero consigue al niño, sobre todo cerca de
la frontera. Pasa por el juzgado y le pregunta al juez: '¿Y, me
consiguió el bebé?'".
En
los departamentos en que no existe ningún centro del Iname, son las
jefaturas departamentales del instituto las que actúan."No
están especializadas en el tema", advierte Iris Vega, abogada
del ILAYA. Al no actuar un equipo técnico en la evaluación de los
padres adoptivos y quedar la entrega a criterio de la judicatura, los
riesgos son "muy grandes", afirma. Como tampoco se
confeccionan listas de espera, no todas las parejas tienen las mismas
oportunidades.
De
acuerdo al sistema jurídico uruguayo, los jueces de familia están
facultados para entregar a un niño en adopción mediante la llamada
legitimación adoptiva, sin intervención del Iname. "Existe una
acordada de la Suprema Corte de Justicia en la que se recomienda
consultar al Iname pero no es obligatoria. Los jueces tienen
independencia técnica", señala Vega. "En muchos casos son
demasiado apegados a la letra de la ley", y cada uno de los 28
magistrados "se maneja con su propio ritmo", agrega. Méndez
recurre por su lado a una imagen para significar las diferencias de
criterios entre el ILAYA y la justicia: "Ellos trabajan con
expedientes, nosotros con niños. Si vieran a los niños serían más
flexibles".
LA OPCION INAME
El
equipo técnico del ILAYA estudia, por un lado, a quienes desean
adoptar a un niño y, por otro, a los menores declarados en situación
de abandono por los jueces de familia tras comprobar la "inexistencia
de vínculo" durante un año entre el niño y sus padres
biológicos o luego que la madre biológica firma una declaración
manifestando su voluntad de entregar al recién nacido.
Para
los pretendientes a la adopción, existen dos caminos: la
legitimación adoptiva (o plena) y la adopción simple. La mayoría
de las parejas prefiere la primera opción, ya que el niño rompe
todo vínculo con su familia biológica. También es la ideal para
los recién nacidos, que obtienen una nueva partida de nacimiento y
pasan a ser hijos legítimos de sus padres adoptivos. Sin embargo, la
legitimación adoptiva, regida por una ley de 1945, está limitada a
las parejas con al menos cinco años de casadas y excluye a las que
viven en concubinato.
La
adopción simple abre el abanico a las mujeres solteras o divorciadas
y a parejas en "unión libre". Pero también posee
limitaciones: se accede a niños nunca menores de cinco años. Desde
el punto de vista registral, los chicos mantienen su partida de
nacimiento original, a la que se le anotan los nombres de los
adoptantes en el marginal izquierdo. Por otra parte, los hijos
adoptivos poseen menos derechos que los hijos legitimados en los
regímenes sucesorios y de alimentos.
"Buscamos
que la pareja aspirante no sobrepase los cuarenta y pico, de modo que
cuando el chico crezca tenga todavía a sus padres", explica
Méndez para justificar un requisito (ahora no tan aplicado como
antes) resistido por algunas parejas. "Cuando el niño es menor
de cinco tratamos de que tenga a ambos padres, cuando es mayor y
tiene una personalidad formada se prioriza a las personas solas, por
lo general mujeres", agrega.
Antes
de que el trámite quede concluido con la adopción o la
legitimación, los niños pasan por un período de un año de
tenencia durante el cual el ILAYA evalúa el vínculo. La madre
biológica también dispone de ese plazo para arrepentirse o reclamar
a su hijo. Esta última situación, dicen los técnicos del Iname, es
rara. "Entre los intereses de la madre biológica y los del niño
la tendencia actual es favorecer los del niño y considerar que los
padres son quienes le brindan afecto y no los que exclusivamente los
conciben", apunta Vega.
Una
de las principales críticas que recibe el ILAYA es que los períodos
de espera suelen ser "interminables", sobre todo para
quienes desean a un recién nacido. Si están dispuestos a adoptar a
niños más grandes, de características étnicas diferentes a las
suyas y hasta con algún problema físico tendrán mayores
posibilidades. En los hechos, no es común esa receptividad. "La
gente quiere un recién nacido y completamente sano porque cuanto más
chiquito supone que más se les va a parecer. Cuesta mucho más
adoptar a uno de ocho años, porque va a tener una personalidad
formada y nos va a mostrar que es distinto a nosotros", señala
a su vez Méndez. Tampoco adoptan los uruguayos a niños
seropositivos e incluso con defectos físicos menores y operables
como labio leporino. Los chicos que no son adoptados pasan a otras
dependencias del Iname o se entregan en adopción internacional: unos
catorce niños nacidos aquí viven hoy con padres adoptivos en
Noruega, Canadá y Estados Unidos. Se trató de soluciones "peleadas"
por los abogados del Iname, que debieron apelar a los principios
generales del derecho para lograr esas adopciones, "ya que no
hay una legislación específica uruguaya y el país no ha ratificado
la convención sobre la adopción internacional, al existir mucha
resistencia ante el tráfico de niños", comenta Iris Vega.
NI ABANDONADOS NI ADOPTADOS
Cuando
se le critica al Iname la escasa oferta de niños "adoptables",
sus técnicos responden que "el problema está en la disparidad
de criterios de los jueces". Algunos opinan que los magistrados
favorecen en demasía a los padres biológicos. Alcanza con que un
niño sea visitado una vez al año por su madre biológica para que
ese vínculo ocasional prime y deje al chico fuera de la adopción.
Los niños quedan así en una especie de limbo y un seguro futuro
institucional.
Los
menores son declarados en "situación de abandono probable"
en dos entidades públicas: en el Centro de Ingreso y Derivación del
propio Iname, por donde pasa todo menor que ingresa al instituto, y
en el Pereira Rossell, cuyo Servicio Social "contiene" a
las madres biológicas, por lo general adolescentes.*
Silvia
G adoptó a un chico en 1985. Ya tenía dos hijos biológicos y
quería completar su trío soñado. El aún denominado Consejo del
Niño era una fortaleza kafkiana y devastada. La opción menos
complicada condujo a Silvia al Pereira Rossell. Un médico amigo
conocía a una chica que aseguraba no poder conservar a su bebé.
Silvia fue a un juzgado y declaró que le habían dejado al nene en
la puerta de su casa, lo que técnicamente se llama "abandono
expósito". El juez no puso impedimentos al proceso de
legitimación adoptiva.
De
acuerdo al Servicio Social del Pereira Rossell situaciones como ésas
ya no ocurren en 1998. "Si llegamos a detectar que una persona
está influenciando a alguna madre lo notificamos al juez
inmediatamente", explica la jefa del departamento, la asistente
social María del Carmen Canavessi. "Una vez una abogada se hizo
pasar por representante de la madre de una chica embarazada que
supuestamente quería adoptar al niño. Resultó que era falso y en
realidad el niño era para otra persona", cuenta. Todo terminó
con la notificación al juez. "Dentro y fuera del hospital se
han aumentado las medidas de seguridad y no se permite la entrada de
ninguna persona en situación irregular o vinculada a un movimiento
de adopción", enfatiza Canavessi. Es usual que aparezca por el
hospital alguna "madre descompensada que quiere adoptar a un
niño" y se le explica que "acá no se trabaja con padres
adoptivos". La asistente social asegura "la transparencia
hacia el interior del hospital", sin desconocer que fuera del
mismo la historia es otra.
NIÑOS VERSUS EXPEDIENTES
El
Pereira Rossell ha sido acusado en el pasado de promover el abandono
de niños, por lo cual varios de sus funcionarios han sido
investigados. Hoy las críticas se dirigen en otro sentido.
Integrantes del Movimiento Familiar Cristiano (MFC) aseguran que las
madres que quieren entregar a sus hijos "no son bien tratadas"
en ese centro hospitalario. María S, madre adoptiva y asistente
social, relata que "hay en el Pereira quienes no aceptan la
voluntad de las chiquilinas de dar a sus hijos en adopción, las
obligan a amamantar al bebé y les crean sentimientos de culpa".
Canavessi admite el hecho, pero cree que el rechazo a la madre
abandónica es un prejuicio de toda la sociedad: "hay técnicos
de sala que no entienden la voluntad de entregar al hijo, como
tampoco lo entienden las otras madres internadas, las primeras en
hacerle el vacío a esa madre". Para Canavessi existe un mito de
lo que significa ser una "buena madre". "Muchas veces
el abandono es un acto de amor", asegura. "Acá no
trabajamos para que se produzca el abandono, porque nuestra tarea es
proteger los derechos humanos de las madres biológicas; si quiere
amamantar la respetamos, si no quiere también." La gran
interrogante es si en el Pereira Rossell las madres logran ser
contenidas en tiempo y forma. En el Pabellón de Maternidad se
producen 30 partos diarios y el Servicio Social cuenta sólo con
cuatro asistentes sociales. En estos momentos, la tasa de abandono
del hospital es muy baja: se producen unos 40 o 50 anuales (0,7 por
ciento del total de nacimientos). Canavessi desmiente, a pesar de las
carencias de personal y recursos, que alguien "fuerce el
abandono en el hospital, guiándose según el mercado de la
adopción".
En
el ILAYA se piensa que la coordinación con el Pereira es muy buena:
"apenas hay un abandono, nos llega", declara Ana Méndez a
BRECHA.
La
adopción privada. Desde hace 35 años, el Movimiento Familiar
Cristiano recibe separadamente a las madres que desean entregar a sus
hijos y a los matrimonios que pretenden adoptarlos. Más de 25
parejas integran cuatro grupos de espera en el movimiento. Además,
17 grupos de matrimonios que ya han adoptado continúan concurriendo
al MFC, en una especie de autoayuda. Pero lo más sorprendente ocurre
todos los jueves. Las madres que entregaron a sus hijos en adopción
participan en charlas grupales voluntarias que funcionan como "una
catarsis", según explica Mabel Jóver de Mathon, una de las
encargadas de entrevistar a las embarazadas que desean entregar a sus
bebés. "Hace 23 años que estoy en esto y me gusta", dice
esta mujer que se considera una "pragmática vocacional",
capacitada para entender. Jóver desmiente cualquier intento de
reclutamiento de madres por parte del movimiento: "vienen por
recomendación de otras madres, de una patrona, o porque nos vieron
en la tele. Llegan terriblemente solas, por lo que hay que saber
encauzarlas". Cuando se le pregunta si todas las madres que
acuden al MFC entregan a sus hijos en adopción Jóver contesta con
una fuerte negativa. "Gracias a Dios, sólo 35 por ciento de las
que vienen lo hacen. Sólo después de constatar que no pueden
mantener al niño, o que es firme su voluntad de darlo, se les hace
entender lo que significa la entrega."
Pese
a que el MFC proclama entre sus objetivos la "nueva
evangelización", Jóver dice que "aquí se puede anotar
cualquier matrimonio. Buscamos buenos padres, no padres católicos.
El movimiento da su filosofía pero cada uno lo toma como quiere".
El
MFC sólo acepta parejas casadas, con una edad máxima de 38 años en
la mujer y 40 en el hombre. Aunque reciben solicitud de niños desde
el extranjero con frecuencia, no las aceptan. La prioridad son los
matrimonios uruguayos, "que ya esperan, como promedio, hace unos
tres años y pico".
Jóver
prefiere evitar los términos burocráticos. En vez de referirse a
los tiempos reales de una lista de espera prefiere hablar de otros
tiempos, quizás más espirituales: "puede haber matrimonios con
mayor antigüedad que otros pero con menor capacidad. Para definir
esos tiempos está el trabajo de los grupos". Jóver está
segura de que no se producirán errores. También sostiene que las
embarazadas que llegan al movimiento son "educadas y
conscientes". "Acá lo marginal no llega, porque esa gente
tiene hijos y los amontona en el carrito. La mujer que viene acá
tiene una visión más clara de las cosas." Cuando las madres
biológicas acuden a la institución, a veces en las fechas de
cumpleaños de los hijos que entregaron, suelen preguntar por ellos.
Nunca sabrán ningún dato concreto. "Se les dice que están muy
bien", señala Jóver. En el mismo sentido, si algún hijo
adoptivo solicita datos de su madre biológica la institución no se
los brinda, porque tampoco lleva ningún tipo de registro. "No
nos corresponde a nosotros, para algo está la justicia. Nosotros
exigimos a los padres que les digan a sus hijos que son adoptados."
EXPEDIENTES SECRETOS X
En
el Iname o en el MFC suelen aparecer hijos adoptivos con una idea
fija: conocer su pasado y hurgar en la identidad propia. Aunque los
psicólogos, asistentes sociales y demás técnicos de las
instituciones preparan a los padres para que revelen "la verdad"
a sus hijos, hay casos en que esa recomendación no se cumple. El
ILAYA entrega a los adoptantes o legitimantes que lo deseen una copia
del legajo. Los expedientes reservados son archivados en los juzgados
de menores durante diez años, hasta que son derivados al laberinto
del Archivo General de la Nación. Como la ley que regula la
legitimación adoptiva consagra la reserva del proceso de adopción,
los nombres de los padres biológicos no figuran en la carátula de
los expedientes. Sólo en los casos posteriores a 1978 aparecen
apellidos y direcciones de los padres biológicos, en virtud de
disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, ratificada por Uruguay en 1990. Antes del 78, siguiendo el
espíritu de la ley de 1945, la información se destruía, dice
Méndez a BRECHA. Los nacidos después de aquel año que quieran
saber su identidad biológica deberán solicitarlo en un juzgado y
dependerán del criterio de cada juez. La segunda opción de que
dispone el hijo adoptivo -siempre que haya sido legitimado con
intervención del Iname- es recurrir a los legajos del ILAYA.
La
investigación es más dificultosa cuando son menores de edad los que
reclaman el derecho a conocer su origen. Hoy, el directorio del Iname
enfrenta un caso de ese tipo protagonizado por un adolescente de 16
años. "Dice que no necesita una terapia sino saber quiénes
eran sus padres", relata Iris Vega. "En la legislación
uruguaya no hay artículo alguno que ampare el derecho a la identidad
del niño", por lo cual en casos como éste los abogados deben
recurrir a la legislación internacional (el pacto de San José de
Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, los principios
generales del derecho y el criterio del interés superior), sostiene
la abogada del Ilaya.
CONTROVERSIAS
Un
proyecto de reforma del Código del Niño contiene un capítulo, el
XI, que aborda el tema de la adopción. El proyecto, ya a estudio del
Parlamento, cambia la denominación de legitimación adoptiva por
adopción plena y, en virtud del principio de considerar al niño
como "sujeto de derecho", fija en 12 años la edad en que
un chico puede negarse a ser adoptado, revocar una adopción y
acceder a los expedientes en los que consta su origen. Otros puntos
son objeto de controversias. Es el caso del reconocimiento que la
Comisión Especial de Reforma del Código del Niño hace del papel de
las asociaciones civiles privadas en el tema de la adopción. "El
Iname debe tener el monopolio de la gestión en el proceso de
adopción. La reforma permite la creación de asociaciones civiles y
ong que funcionarían como agencias de adopción, lo cual
contribuiría a fomentar el lucro", opina la abogada del ILAYA
Iris Vega. "Con mejor organización, presupuesto e
infraestructura que en la actualidad el Iname puede coordinar por sí
solo la adopción en Uruguay, con una buena interrelación con el
Poder Judicial", apunta.
En
el otro extremo se sitúa el Movimiento Familiar Cristiano, para el
cual las asociaciones civiles tienen mayor efectividad que las
estructuras estatales. El MFC aspira a que se deje sin efecto la
acordada que prioriza la intermediación del Iname.
Según
dijo a BRECHA Jacinta Balbela, presidenta de la Comisión Especial,
en el texto a estudio del Parlamento se prevé que los organismos
privados "ayuden al Iname, pero será éste el que mantendrá el
control del proceso de adopción" y deberá ser consultado
obligatoriamente por los jueces antes de la concesión de adopciones.
El instituto podrá también "rechazar a las instituciones que
no estuviesen capacitadas y a las que tomen al instituto de la
adopción como una cuestión comercial". La nueva legislación
obliga a que los servicios no estatales cuenten con equipos
multidisciplinarios que administren listas de espera estrictas,
evalúen las condiciones "de salud, psíquicas y sociales de los
solicitantes" y asesoren a los jueces que lo soliciten. Balbela
cree que el Iname se consolida así como el "encargado de
proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de
adopciones".
Las
instituciones privadas podrán cobrar por su asesoramiento pero
siempre y cuando "la actividad se base en el interés superior
del niño". "Uruguay no es ajeno al problema de las
adopciones nacionales e internacionales con fines de lucro. Hay que
evitar que se adopte en Uruguay para vender a los niños en el
extranjero", destacó la presidenta de la Comisión Especial.
Un
punto del proyecto de reforma es rechazado tanto por el Iname como
por el MFC: el que pretende aumentar de uno a dos años el período
de tenencia de los niños para la adopción plena. "Todos los
integrantes de la comisión, incluido el presidente del Iname,
Alejandro Bonasso, entendieron que ese plazo es el más adecuado",
dijo Balbela a BRECHA. En el ILAYA y el MFC se sostiene en cambio que
una medida de ese tipo va en contra de principios aplicados en otros
países, donde se tiende a ir reduciendo el período de tenencia,
según dijo a BRECHA una asistente social del Iname. De la misma
opinión "flexibilizadora" es Iris Vega. El objetivo a
buscar, resumió la abogada del ILAYA, debería ser "disparar"
la adopción y no obstaculizarla.
*
Para encontrar al Servicio Social en el caótico predio del Pereira
Rossell hay que superar una interminable cadena de carteles con la
inscripción "no se dan informes". Y entrevistar a alguien
del servicio es aun peor. Para hacerlo BRECHA tuvo primero que
dirigirse a la Dirección de la Maternidad. No bastó y hubo que
solicitar autorización por escrito, mediante carta al director
general, José Luis Peña, indicando "objetivo de la
entrevista", "temática" y a qué profesional se
pretendía consultar. Imposible.
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