Buscan cambiar la ley de adopciones
Proyecto. Un grupo de legisladores presentará una propuesta para agilizar los plazos
Un grupo de legisladores de todos los partidos presentará un proyecto que busca modificar la ley de adopciones, vigente desde fines de 2009, que dio el monopolio al INAU para los trámites y también acotó los plazos de los procesos.
Sin embargo, en los hechos, por dificultades de interpretación jurídica, los trámites de adopción se han vuelto más complejos con el nuevo mecanismo. Y muestra de ello es que en 2010 -primer año de vigencia de la ley- se aprobaron 24 adopciones, siendo que en 2009, sin estar vigente, 67 chicos fueron entregados a familias adoptivas.
Ante ese panorama, y en base a planteos realizados a varios legisladores por abogados expertos en Derecho de Familia, se conformó un grupo de trabajo para analizar posibles cambios a la ley de adopciones. En el proceso también se integró el Instituto del Niño y la Adolescencia del Uruguay (INAU), cuyo presidente, Javier Salsamendi, participó en varias reuniones.
"La idea ha sido formar un grupo que pudiera acordar modificaciones que faciliten el proceso de adopción. Por lo tanto, no nos propusimos cuestionar la base filosófica de la ley vigente ni discutir a fondo el monopolio del INAU", dijo a El País el senador colorado Alfredo Solari (Vamos Uruguay).
Solari, que integró el grupo de trabajo junto a los diputados Julio Bango del Frente Amplio y Verónica Alonso del Partido Nacional, informó que en el proyecto de ley que se dará a conocer a fines de la próxima semana, se fijará un plazo máximo de 24 horas para que tanto el INAU como la Justicia realicen las primeras medidas de amparo y cautela ante casos de abandono de menores. Actualmente, la ley no fija un plazo sino que pide la mayor celeridad posible.
Por otro lado, la iniciativa prevé que cuando se excedan los plazos del trámite de las adopciones, será posible aplicar "la máxima responsabilidad a los funcionarios actuantes", dijo Solari. Según la ley vigente, la situación de los niños de 0 a 2 años deberá resolverse en 45 días, mientras que para los de 3 a 7 años debe haber una definición en 90 días.
A su vez, el proyecto busca mayor flexibilidad en la utilización de las listas de adoptantes del INAU. "Hay muchas situaciones en las que la gente no está en los registros del INAU, pero sin embargo tiene las mejores condiciones para adoptar", dijo Solari.
Además, el proyecto propone crear la figura de "la adopción con efecto limitado", para casos en los que sea conveniente que el menor adoptado mantenga el nombre y apellido de sus padres biológicos.
"Hay algunas circunstancias en las cuales conviene que se lleve adelante el proceso de adopción pero no que no se cambie la filiación del menor adoptado, es decir, que siga manteniendo su nombre y apellido", dijo Solari.
En enero de 2010, cuando El País informó que durante el primer año de vigencia de la ley solo se habían entregado 24 niños a familias adoptivas, contra 67 en 2009, había 409 postulantes para recibir a un chico del INAU de los 250 que en ese momento albergaba el instituto.
Entonces, el director del INAU Dardo Rodríguez (Partido Independiente), dijo a El País que se deberían agilizar los plazos de las adopciones, ya que la ley de 2009 establece que en los casos de niños de 0 a 2 años deberá resolverse en 45 días, mientras que los de 3 a 7 años en 90 días.
También a nivel judicial había reparos a la nueva ley. En enero, el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Ricardo Pérez Manrique, dijo que los procesos de adopción estaban "trancados" por problemas en la aplicación de la ley, además de competencias comunes entre el Poder Judicial y el INAU. La jueza de Familia Estrella Pérez, coincidía en que "esta es una ley bastante confusa en cuanto a la competencia de los jueces", y señaló que tampoco tienen "mucha opción" en cuanto a la elección de las familias adoptantes.
La ley vigente establece que el INAU presenta a los aspirantes a adoptar al juez de Familia. El juez sólo puede negar la adopción a los aspirantes propuestos por motivos fundados, y el INAU presentará otro candidato. La selección de las familias las hace un equipo técnico del INAU.
Además, la nueva ley le dio el monopolio al INAU en materia de adopciones, dejando fuera al Movimiento Familiar Cristiano, una institución sin fines de lucro, que hacía 35 años venía trabajando con parejas que querían adoptar.
En la década de los años 90, a través del Movimiento Familiar Cristiano se hacían efectivas unas 18 adopciones por año. El último año en que pudieron intermediar sólo se concretó una adopción, dado que el Estado ya había comenzado a poner trabas a la actividad de esta institución.
Sin embargo, en los hechos, por dificultades de interpretación jurídica, los trámites de adopción se han vuelto más complejos con el nuevo mecanismo. Y muestra de ello es que en 2010 -primer año de vigencia de la ley- se aprobaron 24 adopciones, siendo que en 2009, sin estar vigente, 67 chicos fueron entregados a familias adoptivas.
Ante ese panorama, y en base a planteos realizados a varios legisladores por abogados expertos en Derecho de Familia, se conformó un grupo de trabajo para analizar posibles cambios a la ley de adopciones. En el proceso también se integró el Instituto del Niño y la Adolescencia del Uruguay (INAU), cuyo presidente, Javier Salsamendi, participó en varias reuniones.
"La idea ha sido formar un grupo que pudiera acordar modificaciones que faciliten el proceso de adopción. Por lo tanto, no nos propusimos cuestionar la base filosófica de la ley vigente ni discutir a fondo el monopolio del INAU", dijo a El País el senador colorado Alfredo Solari (Vamos Uruguay).
Solari, que integró el grupo de trabajo junto a los diputados Julio Bango del Frente Amplio y Verónica Alonso del Partido Nacional, informó que en el proyecto de ley que se dará a conocer a fines de la próxima semana, se fijará un plazo máximo de 24 horas para que tanto el INAU como la Justicia realicen las primeras medidas de amparo y cautela ante casos de abandono de menores. Actualmente, la ley no fija un plazo sino que pide la mayor celeridad posible.
Por otro lado, la iniciativa prevé que cuando se excedan los plazos del trámite de las adopciones, será posible aplicar "la máxima responsabilidad a los funcionarios actuantes", dijo Solari. Según la ley vigente, la situación de los niños de 0 a 2 años deberá resolverse en 45 días, mientras que para los de 3 a 7 años debe haber una definición en 90 días.
A su vez, el proyecto busca mayor flexibilidad en la utilización de las listas de adoptantes del INAU. "Hay muchas situaciones en las que la gente no está en los registros del INAU, pero sin embargo tiene las mejores condiciones para adoptar", dijo Solari.
Además, el proyecto propone crear la figura de "la adopción con efecto limitado", para casos en los que sea conveniente que el menor adoptado mantenga el nombre y apellido de sus padres biológicos.
"Hay algunas circunstancias en las cuales conviene que se lleve adelante el proceso de adopción pero no que no se cambie la filiación del menor adoptado, es decir, que siga manteniendo su nombre y apellido", dijo Solari.
En enero de 2010, cuando El País informó que durante el primer año de vigencia de la ley solo se habían entregado 24 niños a familias adoptivas, contra 67 en 2009, había 409 postulantes para recibir a un chico del INAU de los 250 que en ese momento albergaba el instituto.
Entonces, el director del INAU Dardo Rodríguez (Partido Independiente), dijo a El País que se deberían agilizar los plazos de las adopciones, ya que la ley de 2009 establece que en los casos de niños de 0 a 2 años deberá resolverse en 45 días, mientras que los de 3 a 7 años en 90 días.
También a nivel judicial había reparos a la nueva ley. En enero, el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Ricardo Pérez Manrique, dijo que los procesos de adopción estaban "trancados" por problemas en la aplicación de la ley, además de competencias comunes entre el Poder Judicial y el INAU. La jueza de Familia Estrella Pérez, coincidía en que "esta es una ley bastante confusa en cuanto a la competencia de los jueces", y señaló que tampoco tienen "mucha opción" en cuanto a la elección de las familias adoptantes.
La ley vigente establece que el INAU presenta a los aspirantes a adoptar al juez de Familia. El juez sólo puede negar la adopción a los aspirantes propuestos por motivos fundados, y el INAU presentará otro candidato. La selección de las familias las hace un equipo técnico del INAU.
Además, la nueva ley le dio el monopolio al INAU en materia de adopciones, dejando fuera al Movimiento Familiar Cristiano, una institución sin fines de lucro, que hacía 35 años venía trabajando con parejas que querían adoptar.
En la década de los años 90, a través del Movimiento Familiar Cristiano se hacían efectivas unas 18 adopciones por año. El último año en que pudieron intermediar sólo se concretó una adopción, dado que el Estado ya había comenzado a poner trabas a la actividad de esta institución.
El País Digital - 20-11-2011
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