Adopciones, madres sustitutas y después
El largo camino a casa
Escrito por:
Mariana Contreras
Lejos de las manipulaciones políticas y los confusos y lacrimógenos
capítulos de las últimas semanas respecto a un caso de adopción, está la
compleja realidad de los niños que necesitan una familia que se haga
cargo de ellos. Nada es tan simple como parece, y a los problemas que
presenta aún un sistema que ha comenzado lentamente a mejorar, se le
suma la descarnada situación de "niños que no despiertan interés" y
continúan condenados a la orfandad.
Por algo será que cada vez que el tema de la adopción alcanza
protagonismo en la agenda noticiosa lo hace en su versión más sórdida y
detestable. Como ahora, cuando Mía, esa niña con nombre símbolo fue
obligada a pasear, envuelta en la bandera nacional, su breve y agitada
historia de vida ante cámaras y micrófonos siempre insaciables de morbo.
Después, apenas arrojar unas leñitas a la hoguera: a la familia
sustituta, el inau "le arrancó de los brazos" a la niña, olvidando "el
amor", "el afecto" y el "lazo creado" entre la pequeña de 16 meses y la
familia con la que convivió casi desde su nacimiento, y se la entregó a
los padres adoptivos, perjudicados también ellos por las (supuestas)
demoras de la institución. Así presentado, la familia sustituta pasó a
ser víctima de una acción violenta, equivocada y hasta ilegítima por
parte del inau. De ahí a que el ambiente se llenara de cuestionamientos
superficiales a una política (la adopción) extremadamente compleja, hubo
un paso; y apenas otro para el vocifero de que el directorio del inau
debería renunciar y la institución debería dejar "de tener el monopolio
de las adopciones", incorporando ONG y organizaciones religiosas que
trabajaran en el asunto, tal como lo expresó la diputada del Partido
Nacional Verónica Alonso: "el inau muestra que es lento en su proceder y
acá está en juego el derecho del niño", dijo para justificar su
iniciativa, aunque su idea no fue propuesta formalmente (La República,
lunes 16).
No caben dudas de que las adopciones en Uruguay son un tema escabroso; un tema tabú. Un trabajo realizado en 2010* afirma que las condiciones de institucionalización de los niños que no pueden ser cuidados por sus familias, sea en hogares o a cargo de personas, "no son adecuadamente monitoreadas, alcanzando situaciones calificables como trato inhumano, destacándose la falta de mecanismos para garantizar la preservación y fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios de origen (existen situaciones en que el régimen de visitas establecido para la familia de origen es de dos veces al año, una vez por cada progenitor). Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son quienes se encuentran en peores condiciones, existiendo residenciales con hasta 183 personas y permanencias en ellos hasta los 65 años de edad". Un mundo mucho más complejo que la medición de amores y afectos a través de la varilla del rating.
DESFASAJES. En 2011 hubo 74 adopciones; y hay alrededor de 40 procedimientos judiciales en trámite, que podrían terminar en la adopción. Por otro lado, hay 60 parejas seleccionadas para adoptar, a las que se suman 130 que el año pasado se inscribieron para comenzar el proceso que los habilite a ser posibles adoptantes, según explicó a Brecha Jorge Ferrando, director del inau.
La primera evidencia que se desprende de los números es que no hay una lista interminable de niños esperando que la justicia (es esta la que decide si la adopción se concreta o no, y no el inau como insistentemente circula en los medios) habilite su adopción. Por el contrario, son muchas más las parejas que quieren adoptar; una lista que cada año se agranda y desfasa más con respecto a la cantidad de niños en condiciones de ser adoptados. A eso debe agregarse que los adoptantes llegan con sus propias expectativas: las parejas suelen elegir hijos que sean recién nacidos (hasta el primer año de vida) y sanos. Raramente hay casos de adopción de niños mayores de 5 años, ni de hermanos, ni de niños con discapacidad o enfermedades como hiv, según lo explicado por Ferrando. Estos niños "que no despiertan interés" son los que continúan su vida en los hogares de amparo o con las familias sustitutas que, aunque están pensados como solución transitoria, muchas veces terminan siendo definitivas.
Para Ferrando, estas situaciones, sumadas a la baja en la natalidad y a que "tengo la intuición de que hay cada vez más parejas con dificultades para quedar embarazadas" hace que la presión sobre el sistema de adopciones sea fuerte y constante: "y en lugar de entender que desde la perspectiva y el derecho de los niños, la adopción es la última opción, se le quiere ver como la vía rápida a las dificultades que puede tener una pareja para concebir sus hijos". A su vez, reconoció una fuerte tradición institucional que tiende a considerar que si los niños "están relativamente bien y no dan mucho trabajo, es mejor que sigan en el hogar o con la cuidadora". Hasta 2004 "no existía una tradición de trabajar fuertemente para desinstitucionalizar a los niños. Es una lógica instalada que tratamos de cambiar y es lo que nos lleva a fortalecer el trabajo en comunidades, a buscar el apoyo a las familias en el marco de las políticas sociales", dijo el director, quien no dejó de reconocer que el tiempo de espera es largo: desde que una pareja se inscribe hasta que efectivamente adopta pueden pasar 5 años, "pero la traba no es sólo burocrática, no es decir facilito los procedimientos y se terminan los problemas, sino que siempre está la diferencia estructural entre cantidad de adoptantes y adoptables".
Diana González, abogada integrante de Infancia y Adolescencia Ciudadana (iaci, cooperativa de abogadas que trabaja en la defensa de los derechos de los niños), analiza también que históricamente ese desfase tuvo que ver con la forma en que el país concibió la adopción. El nuevo Código de la Niñez prohibió expresamente una práctica ampliamente difundida hasta hace pocos años: que los jueces otorguen niños en tenencia sin pasar por el inau. Hasta ese entonces era práctica habitual que si un niño "aparecía" abandonado, el juez dispusiera darlo en tenencia a un vecino, una enfermera, un médico, o quien fuera que reclamara, sin mayores trámites, bajo la idea de que siempre es mejor estar fuera del inau, y prejuzgando (o simplemente desinteresándose) que esa persona a quien se haría entrega del niño estaba apta para asumir la responsabilidad. Y, por supuesto, sin tener en consideración la lista del inau. También el código prohibió la adopción a quienes tienen niños "de hecho" (vecinos, por ejemplo), aunque la abogada destaca que estas prácticas no están del todo abolidas y explican en parte, aún hoy, la baja cantidad de niños con posibilidades de ser adoptados. Quizá, dice González, haya que buscar la explicación del comportamiento en los orígenes de la concepción de la adopción: "nació con una lógica perversa; es la apropiación de los niños pobres que no podían ser cuidados por sus familias, por parte de parejas no fértiles que quisieran hacer 'como si'" ese niño fuera verdaderamente propio. De allí que todo documento vinculado a su vida anterior fuera quemado (hoy ya no es así), en el intento de evitar el "daño moral" que parecía significar aquella verdad, tanto para el niño como para la familia. Una idea que claramente se salió de su cauce, desembocando en lo arriba expresado.
Por otro lado, la abogada reconoce lo extenso del proceso, que tiene su cuello de botella en la actuación judicial, donde los jueces, antes de tomar la decisión de hacer la separación definitiva de la familia de origen, y la pérdida de la patria potestad, evalúan si realmente no existe vínculo posible con ella, (o con la familia ampliada) y si se hizo el intento previo de fortalecer ese vínculo. Ese proceso tiene su lentitud basada en formalidades (audiencias, citaciones a personas de las que se desconoce el domicilio, publicaciones en el diario oficial) y demoras "naturales" de los juzgados. González señala que acortar plazos de acciones, diagnóstico y decisión de los jueces es perfectamente posible, pero "no puede ir en desmedro de una buena investigación, sino del régimen burocrático. Se puede acortar el plazo, pero no a través de un sistema de atropello con decisiones basadas en menos seguridades". Por ese motivo, planteó su preocupación por alguno de los puntos del borrador de proyecto de ley en el que diputados de todos los partidos trabajaron durante varios meses junto al inau y que hoy está a estudio de las bancadas. Uno de los puntos modificados propone limitar el proceso judicial a los tiempos que un niño pueda permanecer en un hogar según lo estipulado (45 o 90 días, de acuerdo a la edad), una medida que podría agilizar enormemente los trámites. Sin embargo, plantea también que si, vencido el plazo no existiere resolución, el inau podrá proponer retirar al niño de la familia de acogida e integrarlo "con quien o quienes resulten seleccionados del Registro Único de Aspirantes". Si en 72 horas el juez no se pronuncia, se dará por buena la propuesta.
Otros cambios a su entender peligrosos son, por ejemplo, la habilitación del pj para apartarse de la lista de adoptantes "en aquellas situaciones de hecho en las cuales el niño, niña o adolescente se encuentre plenamente integrado a un núcleo familiar", lo cual permitiría volver al tiempo en que el tráfico e intercambio de niños era moneda corriente: una persona obtenía un niño por cuenta propia, para luego regularizar la situación. Además, el borrador plantea que en caso de que el adoptado mantuviera un vínculo con algún familiar de origen "de tal significación que se considerara lesivo a los derechos del niño, niña o adolescente el desplazamiento de su estado civil de origen y la inserción en un nuevo estado civil", el juez podrá optar por otorgar una "adopción con efectos limitados". Según la opinión de González, el artículo impone la lógica tradicional de apropiación: "es como decirle al niño que si mantiene algún vínculo con su familia de origen, entonces se lo cría, pero no es del todo 'de los nuestros'," es "de allá". La adopción limitada, además, lesiona los derechos del adoptado, por ejemplo, los hereditarios.
MAL PARIDO. Son 5 mil los niños cuyas familias no están en condiciones de darles cuidados, y que se encuentran repartidos entre los hogares y las cuidadoras del inau (alrededor de 400, con un total de 1.400 niños a su cargo), según confirmó Ferrando. El perfil de los niños sigue siendo básicamente el mismo que antaño: hijos de familias pobres.
Las familias sustitutas nacieron junto con el Consejo del Niño. Se trata de familias que voluntariamente se disponen al cuidado y protección de los niños. Durante ese tiempo reciben del Estado un subsidio, que hoy es de 4.500 pesos por niño, a los que se agregan 700 pesos más si son menores de dos años y 1.400 pesos si tienen alguna discapacidad. Según explicó Ferrando, no se les exige rendir cuenta de los gastos.
La ley de 2009 que modificó el Código del Niño, establece que los menores de 2 años no podrán permanecer en los hogares institucionalizados más de 45 días, y los niños de entre 3 y 7 años tienen un plazo máximo de 90 días. Este plazo no corre en el caso de las familias sustitutas. Y tampoco es un plazo válido para los jueces, quienes no están obligados a decidir sobre las adopciones en un tiempo determinado. De allí que la realidad obligue a que lo transitorio muchas veces se alargue y otras muchas se transforme en permanente. "La mayoría de las cuidadoras tiene claro su rol y participan del proceso de integración con los padres adoptivos, entregan los juguetes, la ropa, mantienen el vínculo, les cuentan historias, muestran fotos. Pero también ha habido ciertas situaciones conflictivas que llaman la atención sobre este tema y nos parece que el camino es que en niños pequeños la integración se dé en el menor tiempo posible en esas familias ya seleccionadas para la adopción", manifestó Ferrando, para quien esos conflictos se dan más por un cruce con expectativas o inquietudes personales, que por aspectos institucionales, "porque si así fuera se darían más situaciones. El tema es cómo las expectativas de los adultos se cruzan con la historia de ese niño, generando esa necesidad de la adopción, que implica también un mensaje complejo para los otros. Esas familias tienen varios niños a su cargo, ¿por qué lo elijen a él y a mí no, cuando de repente estoy desde chico también?", planteó el director.
Las dificultades, que Ferrando admite son heterogéneas y forman parte de "lo que tratamos de mejorar", encuentran explicación en la manera en que desde los comienzos se condujo la política con respecto a las familias cuidadoras. En palabras de González, el éxito en el acompañamiento transitorio "depende más de ellas que de políticas específicas que promuevan aquello". Y es que la desregulación ha estado a la orden del día, no sólo porque los equipos técnicos son insuficientes para hacer un seguimiento en cada hogar, sino principalmente porque nunca hubo un ordenamiento claro en torno al tema. Cada jefatura departamental del inau eligió siempre, según criterios disímiles, quiénes serían cuidadoras. Tampoco estaba protocolarizada la actuación, ni la cantidad de niños que podría tener bajo su cargo cada familia (algunas llegaron a tener 14), ni el lapso que estarían. Ni, mucho menos, se hacía un seguimiento técnico minucioso de cada caso.
FAMILIA AMIGA, MIENTRAS TANTO. Es en este aspecto que, según las autoridades del inau afirman –y consultas realizadas por Brecha confirman– las cosas comenzaron a cambiar. En la página web de la institución se lee que el nuevo programa Familia Amiga pretende "la transformación del clásico sistema de 'cuidadoras' en un modelo de acogida familiar acorde a los lineamientos de la Convención como garante de derechos". La intención es, explicó a Brecha su director, Pablo Almeida, que los niños y adolescentes no estén en un sistema de internado 24 horas sino en un ámbito familiar que permita el desarrollo integral. Al igual que las cuidadoras, este es un pasaje temporal, mientras se encuentra la solución definitiva, que puede ser el reingreso a la familia de origen, la búsqueda de la familia extensa o, como última solución, la adopción. Este programa no pretende familias "sustitutas, sino complementarias y debe vincularse con la familia de origen si ésta existe", explicó Almeida. Y a diferencia de lo que sucede con las familias sustitutas, con estos grupos se firmará un acuerdo que establece un plazo de atención a los niños (que será flexible), el tipo de prestaciones que compromete el Estado: una a tres bpc de acuerdo a la situación y necesidad del niño, la atención sanitaria específica (médicos, odontólogos) y las prestaciones no monetarias (transporte, pañales, regalos, etcétera). El programa prevé también distintas modalidades de vinculación: la familia ajena (sin vinculaciones significativas, que son la mayoría); familia especializada (aquella que por sus conocimientos o funciones pueden atender niños con discapacidades o trastornos psiquiátricos); familia de atención parcial (la que atiende a los niños por algunas horas, por ejemplo en caso de que sus padres tengan un trabajo nocturno, o una actividad que les implique horas de ausencia); familia de atención de urgencia (en caso en que sea conveniente evitar una internación inmediata en un hogar del inau). El programa, a diferencia de lo que sucede con las cuidadoras, tiene carácter nacional, por lo que todas las familias deberán adaptarse a los requisitos y al reglamento impuesto. Eso, sumado a la firma de acuerdos y mejores controles evitará las "situaciones difusas". Dijo Almeida: "algunas familias sustitutas tenían en el imaginario que esto era un trabajo. Tantos niños, tanto dinero. Eso generaba un sentimiento de pertenencia, y atentaba contra el carácter solidario, que es la base del programa". Las familias amigas también recibirán capacitación, aspecto incorporado en el acuerdo, y un seguimiento que permita detectar problemas que hayan pasado desapercibidos en la selección y que pudieran poner en riesgo el trabajo (se han dado casos de maltrato y abuso).
En respuesta a la campaña que realizó el inau a fines de noviembre se presentaron 100 familias que hoy están siendo evaluadas. La clave parece estar no sólo en la confianza del carácter solidario del emprendimiento sino, básicamente, en las posibilidades de control que ejerza el inau, y en las medidas que se tomen para acelerar los ritmos sin perder garantías en el camino a casa. n
* Análisis de la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes privados del cuidado de su familia total o parcialmente. Trabajo realizado por la Psic. Fabiana Condon, Dra. Diana González Perrett, Soc. Cristina Prego, Psic. Beatriz Scarone, de ; Infancia y Adolescencia Ciudadana, 2010.
No caben dudas de que las adopciones en Uruguay son un tema escabroso; un tema tabú. Un trabajo realizado en 2010* afirma que las condiciones de institucionalización de los niños que no pueden ser cuidados por sus familias, sea en hogares o a cargo de personas, "no son adecuadamente monitoreadas, alcanzando situaciones calificables como trato inhumano, destacándose la falta de mecanismos para garantizar la preservación y fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios de origen (existen situaciones en que el régimen de visitas establecido para la familia de origen es de dos veces al año, una vez por cada progenitor). Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son quienes se encuentran en peores condiciones, existiendo residenciales con hasta 183 personas y permanencias en ellos hasta los 65 años de edad". Un mundo mucho más complejo que la medición de amores y afectos a través de la varilla del rating.
DESFASAJES. En 2011 hubo 74 adopciones; y hay alrededor de 40 procedimientos judiciales en trámite, que podrían terminar en la adopción. Por otro lado, hay 60 parejas seleccionadas para adoptar, a las que se suman 130 que el año pasado se inscribieron para comenzar el proceso que los habilite a ser posibles adoptantes, según explicó a Brecha Jorge Ferrando, director del inau.
La primera evidencia que se desprende de los números es que no hay una lista interminable de niños esperando que la justicia (es esta la que decide si la adopción se concreta o no, y no el inau como insistentemente circula en los medios) habilite su adopción. Por el contrario, son muchas más las parejas que quieren adoptar; una lista que cada año se agranda y desfasa más con respecto a la cantidad de niños en condiciones de ser adoptados. A eso debe agregarse que los adoptantes llegan con sus propias expectativas: las parejas suelen elegir hijos que sean recién nacidos (hasta el primer año de vida) y sanos. Raramente hay casos de adopción de niños mayores de 5 años, ni de hermanos, ni de niños con discapacidad o enfermedades como hiv, según lo explicado por Ferrando. Estos niños "que no despiertan interés" son los que continúan su vida en los hogares de amparo o con las familias sustitutas que, aunque están pensados como solución transitoria, muchas veces terminan siendo definitivas.
Para Ferrando, estas situaciones, sumadas a la baja en la natalidad y a que "tengo la intuición de que hay cada vez más parejas con dificultades para quedar embarazadas" hace que la presión sobre el sistema de adopciones sea fuerte y constante: "y en lugar de entender que desde la perspectiva y el derecho de los niños, la adopción es la última opción, se le quiere ver como la vía rápida a las dificultades que puede tener una pareja para concebir sus hijos". A su vez, reconoció una fuerte tradición institucional que tiende a considerar que si los niños "están relativamente bien y no dan mucho trabajo, es mejor que sigan en el hogar o con la cuidadora". Hasta 2004 "no existía una tradición de trabajar fuertemente para desinstitucionalizar a los niños. Es una lógica instalada que tratamos de cambiar y es lo que nos lleva a fortalecer el trabajo en comunidades, a buscar el apoyo a las familias en el marco de las políticas sociales", dijo el director, quien no dejó de reconocer que el tiempo de espera es largo: desde que una pareja se inscribe hasta que efectivamente adopta pueden pasar 5 años, "pero la traba no es sólo burocrática, no es decir facilito los procedimientos y se terminan los problemas, sino que siempre está la diferencia estructural entre cantidad de adoptantes y adoptables".
Diana González, abogada integrante de Infancia y Adolescencia Ciudadana (iaci, cooperativa de abogadas que trabaja en la defensa de los derechos de los niños), analiza también que históricamente ese desfase tuvo que ver con la forma en que el país concibió la adopción. El nuevo Código de la Niñez prohibió expresamente una práctica ampliamente difundida hasta hace pocos años: que los jueces otorguen niños en tenencia sin pasar por el inau. Hasta ese entonces era práctica habitual que si un niño "aparecía" abandonado, el juez dispusiera darlo en tenencia a un vecino, una enfermera, un médico, o quien fuera que reclamara, sin mayores trámites, bajo la idea de que siempre es mejor estar fuera del inau, y prejuzgando (o simplemente desinteresándose) que esa persona a quien se haría entrega del niño estaba apta para asumir la responsabilidad. Y, por supuesto, sin tener en consideración la lista del inau. También el código prohibió la adopción a quienes tienen niños "de hecho" (vecinos, por ejemplo), aunque la abogada destaca que estas prácticas no están del todo abolidas y explican en parte, aún hoy, la baja cantidad de niños con posibilidades de ser adoptados. Quizá, dice González, haya que buscar la explicación del comportamiento en los orígenes de la concepción de la adopción: "nació con una lógica perversa; es la apropiación de los niños pobres que no podían ser cuidados por sus familias, por parte de parejas no fértiles que quisieran hacer 'como si'" ese niño fuera verdaderamente propio. De allí que todo documento vinculado a su vida anterior fuera quemado (hoy ya no es así), en el intento de evitar el "daño moral" que parecía significar aquella verdad, tanto para el niño como para la familia. Una idea que claramente se salió de su cauce, desembocando en lo arriba expresado.
Por otro lado, la abogada reconoce lo extenso del proceso, que tiene su cuello de botella en la actuación judicial, donde los jueces, antes de tomar la decisión de hacer la separación definitiva de la familia de origen, y la pérdida de la patria potestad, evalúan si realmente no existe vínculo posible con ella, (o con la familia ampliada) y si se hizo el intento previo de fortalecer ese vínculo. Ese proceso tiene su lentitud basada en formalidades (audiencias, citaciones a personas de las que se desconoce el domicilio, publicaciones en el diario oficial) y demoras "naturales" de los juzgados. González señala que acortar plazos de acciones, diagnóstico y decisión de los jueces es perfectamente posible, pero "no puede ir en desmedro de una buena investigación, sino del régimen burocrático. Se puede acortar el plazo, pero no a través de un sistema de atropello con decisiones basadas en menos seguridades". Por ese motivo, planteó su preocupación por alguno de los puntos del borrador de proyecto de ley en el que diputados de todos los partidos trabajaron durante varios meses junto al inau y que hoy está a estudio de las bancadas. Uno de los puntos modificados propone limitar el proceso judicial a los tiempos que un niño pueda permanecer en un hogar según lo estipulado (45 o 90 días, de acuerdo a la edad), una medida que podría agilizar enormemente los trámites. Sin embargo, plantea también que si, vencido el plazo no existiere resolución, el inau podrá proponer retirar al niño de la familia de acogida e integrarlo "con quien o quienes resulten seleccionados del Registro Único de Aspirantes". Si en 72 horas el juez no se pronuncia, se dará por buena la propuesta.
Otros cambios a su entender peligrosos son, por ejemplo, la habilitación del pj para apartarse de la lista de adoptantes "en aquellas situaciones de hecho en las cuales el niño, niña o adolescente se encuentre plenamente integrado a un núcleo familiar", lo cual permitiría volver al tiempo en que el tráfico e intercambio de niños era moneda corriente: una persona obtenía un niño por cuenta propia, para luego regularizar la situación. Además, el borrador plantea que en caso de que el adoptado mantuviera un vínculo con algún familiar de origen "de tal significación que se considerara lesivo a los derechos del niño, niña o adolescente el desplazamiento de su estado civil de origen y la inserción en un nuevo estado civil", el juez podrá optar por otorgar una "adopción con efectos limitados". Según la opinión de González, el artículo impone la lógica tradicional de apropiación: "es como decirle al niño que si mantiene algún vínculo con su familia de origen, entonces se lo cría, pero no es del todo 'de los nuestros'," es "de allá". La adopción limitada, además, lesiona los derechos del adoptado, por ejemplo, los hereditarios.
MAL PARIDO. Son 5 mil los niños cuyas familias no están en condiciones de darles cuidados, y que se encuentran repartidos entre los hogares y las cuidadoras del inau (alrededor de 400, con un total de 1.400 niños a su cargo), según confirmó Ferrando. El perfil de los niños sigue siendo básicamente el mismo que antaño: hijos de familias pobres.
Las familias sustitutas nacieron junto con el Consejo del Niño. Se trata de familias que voluntariamente se disponen al cuidado y protección de los niños. Durante ese tiempo reciben del Estado un subsidio, que hoy es de 4.500 pesos por niño, a los que se agregan 700 pesos más si son menores de dos años y 1.400 pesos si tienen alguna discapacidad. Según explicó Ferrando, no se les exige rendir cuenta de los gastos.
La ley de 2009 que modificó el Código del Niño, establece que los menores de 2 años no podrán permanecer en los hogares institucionalizados más de 45 días, y los niños de entre 3 y 7 años tienen un plazo máximo de 90 días. Este plazo no corre en el caso de las familias sustitutas. Y tampoco es un plazo válido para los jueces, quienes no están obligados a decidir sobre las adopciones en un tiempo determinado. De allí que la realidad obligue a que lo transitorio muchas veces se alargue y otras muchas se transforme en permanente. "La mayoría de las cuidadoras tiene claro su rol y participan del proceso de integración con los padres adoptivos, entregan los juguetes, la ropa, mantienen el vínculo, les cuentan historias, muestran fotos. Pero también ha habido ciertas situaciones conflictivas que llaman la atención sobre este tema y nos parece que el camino es que en niños pequeños la integración se dé en el menor tiempo posible en esas familias ya seleccionadas para la adopción", manifestó Ferrando, para quien esos conflictos se dan más por un cruce con expectativas o inquietudes personales, que por aspectos institucionales, "porque si así fuera se darían más situaciones. El tema es cómo las expectativas de los adultos se cruzan con la historia de ese niño, generando esa necesidad de la adopción, que implica también un mensaje complejo para los otros. Esas familias tienen varios niños a su cargo, ¿por qué lo elijen a él y a mí no, cuando de repente estoy desde chico también?", planteó el director.
Las dificultades, que Ferrando admite son heterogéneas y forman parte de "lo que tratamos de mejorar", encuentran explicación en la manera en que desde los comienzos se condujo la política con respecto a las familias cuidadoras. En palabras de González, el éxito en el acompañamiento transitorio "depende más de ellas que de políticas específicas que promuevan aquello". Y es que la desregulación ha estado a la orden del día, no sólo porque los equipos técnicos son insuficientes para hacer un seguimiento en cada hogar, sino principalmente porque nunca hubo un ordenamiento claro en torno al tema. Cada jefatura departamental del inau eligió siempre, según criterios disímiles, quiénes serían cuidadoras. Tampoco estaba protocolarizada la actuación, ni la cantidad de niños que podría tener bajo su cargo cada familia (algunas llegaron a tener 14), ni el lapso que estarían. Ni, mucho menos, se hacía un seguimiento técnico minucioso de cada caso.
FAMILIA AMIGA, MIENTRAS TANTO. Es en este aspecto que, según las autoridades del inau afirman –y consultas realizadas por Brecha confirman– las cosas comenzaron a cambiar. En la página web de la institución se lee que el nuevo programa Familia Amiga pretende "la transformación del clásico sistema de 'cuidadoras' en un modelo de acogida familiar acorde a los lineamientos de la Convención como garante de derechos". La intención es, explicó a Brecha su director, Pablo Almeida, que los niños y adolescentes no estén en un sistema de internado 24 horas sino en un ámbito familiar que permita el desarrollo integral. Al igual que las cuidadoras, este es un pasaje temporal, mientras se encuentra la solución definitiva, que puede ser el reingreso a la familia de origen, la búsqueda de la familia extensa o, como última solución, la adopción. Este programa no pretende familias "sustitutas, sino complementarias y debe vincularse con la familia de origen si ésta existe", explicó Almeida. Y a diferencia de lo que sucede con las familias sustitutas, con estos grupos se firmará un acuerdo que establece un plazo de atención a los niños (que será flexible), el tipo de prestaciones que compromete el Estado: una a tres bpc de acuerdo a la situación y necesidad del niño, la atención sanitaria específica (médicos, odontólogos) y las prestaciones no monetarias (transporte, pañales, regalos, etcétera). El programa prevé también distintas modalidades de vinculación: la familia ajena (sin vinculaciones significativas, que son la mayoría); familia especializada (aquella que por sus conocimientos o funciones pueden atender niños con discapacidades o trastornos psiquiátricos); familia de atención parcial (la que atiende a los niños por algunas horas, por ejemplo en caso de que sus padres tengan un trabajo nocturno, o una actividad que les implique horas de ausencia); familia de atención de urgencia (en caso en que sea conveniente evitar una internación inmediata en un hogar del inau). El programa, a diferencia de lo que sucede con las cuidadoras, tiene carácter nacional, por lo que todas las familias deberán adaptarse a los requisitos y al reglamento impuesto. Eso, sumado a la firma de acuerdos y mejores controles evitará las "situaciones difusas". Dijo Almeida: "algunas familias sustitutas tenían en el imaginario que esto era un trabajo. Tantos niños, tanto dinero. Eso generaba un sentimiento de pertenencia, y atentaba contra el carácter solidario, que es la base del programa". Las familias amigas también recibirán capacitación, aspecto incorporado en el acuerdo, y un seguimiento que permita detectar problemas que hayan pasado desapercibidos en la selección y que pudieran poner en riesgo el trabajo (se han dado casos de maltrato y abuso).
En respuesta a la campaña que realizó el inau a fines de noviembre se presentaron 100 familias que hoy están siendo evaluadas. La clave parece estar no sólo en la confianza del carácter solidario del emprendimiento sino, básicamente, en las posibilidades de control que ejerza el inau, y en las medidas que se tomen para acelerar los ritmos sin perder garantías en el camino a casa. n
* Análisis de la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes privados del cuidado de su familia total o parcialmente. Trabajo realizado por la Psic. Fabiana Condon, Dra. Diana González Perrett, Soc. Cristina Prego, Psic. Beatriz Scarone, de ; Infancia y Adolescencia Ciudadana, 2010.
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