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Jueza pidió solución legislativa que acorte plazos de entrega de niños

| sábado, 21 de enero de 2012

Jueza pidió solución legislativa que acorte plazos de entrega de niños

Desestimó recurso de amparo de la familia cuidadora de Mía, quien se quedará con sus padres adoptivos




La jueza de Feria de Las Piedras, Mary Campiglia, que  dictó este viernes sentencia y ordenó la permanencia de la niña Mía con sus padres adoptivos y no con la familia sustituta, opinó que se requiere una “urgente solución legislativa” para evitar que casos como este se repitan.

El matrimonio integrado por José Márquez y Reina Hernández recibió a Mía cuando tenía 15 días de vida, luego de que su madre la abandonara en el hospital local –el 4 de setiembre de 2010–, y permaneció con ellos hasta el pasado 11 de enero, cuando la menor fue retirada de su hogar en la ciudad canaria, por autoridades de Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), para ser entregada en adopción por la pareja de Federico y Alison.

Entonces, la familia Márquez-Hernández decidió junto a su abogado interponer un recurso de amparo, en el cual reclamaban que la niña les fuera restituida o en caso contrario, acceder a visitas y ser incluidos en el Registro Único de Adoptantes del INAU.

Pero la jueza Campiglia desestimó el recurso y resolvió que la niña permanezca con sus padres adoptivos, negó las visitas de la familia cuidadora a la menor y no hizo lugar al pedido de ser incluidos en a lista de adoptantes, por entender que la vía judicial no es la idónea para pedir esto, cuya potestad es del INAU.

La magistrada fue más lejos aun y en su sentencia, a la que accedió El Observador, hizo hincapié en que “corresponde propender a que situaciones como estas no se repitan, poniendo plazos muy breves para que la familia de origen demuestre interés y evitando la superposición de roles entre la familia de acogida y la familia aspirante a la adopción”.

Interés superior de la niña
Campiglia señaló en su dictamen que, si bien no le es ajena la “situación emocional” que el caso provoca en la opinión pública, “no puede perderse de vista el superior interés de la niña”.

En este sentido, la jueza cuestionó la actitud de la familia sustituta, por la exposición mediática de la menor. En la mañana del pasado 11 de enero, una funcionaria del Centro de Estudio y Derivación (CED) del INAU en Canelones concurrió al domicilio del matrimonio Márquez-Hernández a llevarse a Mía.

Esto fue controvertido por el directorio de la institución, ya que su presidente Javier Salsamendi, señaló que no fue “arrancada” de los brazos de su cuidador, sino que el abogado defensor de esta familia le entregó la niña a la funcionaria de la institución. “Si no hubiera habido una entrega voluntaria los funcionarios del INAU se hubieran retirado e informado al juez que la orden no se pudo cumplir”, aseguró.

De un modo u otro, la imagen de la niña llorando y estirando sus brazos a sus cuidadores mientras era retirada del lugar, fue parte de la agenda mediática.

“La niña fue sometida a los medios de prensa sin preservar su intimidad y su situación, por los propios promotores que hoy la reclaman”, afirmó la jueza.

La familia cuidadora llegó incluso a juntar unas 8.000 firmas a nivel nacional y entregarlas el pasado jueves a Presidencia de la República, en reclamo de que Mía fuera devuelta a ese hogar. Pero no lo lograron.

Separación de poderes
La jueza tampoco admitió la inscripción del matrimonio cuidador en el Registro de Aspirantes a Adopción, por entender que ese procedimiento “es resorte del INAU”.
“Ningún sistema orgánico puede inmiscuirse en las funciones y controles de otros sistemas orgánicos”, afirmó Campiglia. Y remarcó: “La decisión de ordenar a INAU la inscripción en el registro es improponible”. Recordó que aun cuando el INAU admitiera esa inscripción, “ello por sí solo no los habilita (al matrimonio Márquez-Hernández) para elegir el niño a adoptar”.

Críticas al INAU
En la sentencia también se cuestiona el accionar del INAU respecto al procedimiento de entrega de Mía en adopción. Según Campiglia, el actuar de la institución fue “desprolijo” ya que “nada se expresó (al momento de informar a la Justicia de la existencia de una familia adoptante) en cuanto a que la niña se encontraba en un hogar de acogida”.

Otro aspecto cuestionado son los plazos que transcurrieron desde que la sede judicial autorizó la integración de la menor en un matrimonio seleccionado por el Departamento de Adopciones de INAU (5 de octubre de 2011), hasta  que la institución solicitó a la Justicia la efectivización de esa entrega en adopción (9 de enero de 2012). “No hay dudas que existió un lento e irregular proceder de la demandada (el INAU)”, aseguró la jueza.

Por otro lado, por la forma en que se procedió en el caso, los legisladores Verónica Alonso (Unidad Nacional), Alfredo Solari y Juan Manuel Garino (Vamos Uruguay), Gustavo Espinosa (diputado colorado por Canelones) y Sergio Abreu (Alianza Nacional) reclaman la renuncia del directorio del INAU.

La institución se defiende
En conferencia de prensa, este viernes el presidente del INAU, Javier Salsamendi, dijo que las autoridades están “en general en absoluto acuerdo” con la sentencia judicial.
En cuanto a las críticas por el “excesivo” tiempo que el INAU se tomó en el proceso de adopción de Mía, reconoció que “se requieren mejoras de funcionamiento, mejoras legislativas”.

“Esto ocurre porque muchas veces lleva tiempo hacer una investigación para determinar si existe familia biológica que se haga cargo del menor”.

Sobre el pedido de renuncia, Salsamendi opinó: “Se trata de una maniobra política muy menor, del más bajo nivel, utilizar un hecho  que sensibiliza a la opinión pública, para hacer campaña política”. También descartó que haya habido presiones a la Justicia.

Otras seis cuidadoras en reclamo
Además del caso de Mía, otras cinco familias cuidadoras mantienen enfrentamientos legales con el INAU por su intento de adoptar a los menores que han tenido bajo su cuidado.

Es el caso de Mónica Castro (Durazno), Miriam Leal (Salto), Jeanette Marrero (quien dirige un hogar en Canelones), Irene Cánepa (Joanicó) y Alejandra Sánchez (no es cuidadora pero tenía visitas judiciales autorizadas a una niña con la cual perdió el contacto).

El programa de cuidadoras existe desde 1940. Hay 400 mujeres que cuidan de unos 1.400 niños en todo el país. A cambio reciben unos $ 2.000 por concepto de “canasta” para alimentación y vestimenta del niño o niña y otros $ 2.400 como retribución. Si bien aportan para su jubilación y cobran aguinaldo, no son consideradas funcionarias del INAU.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/217330/jueza-pidio-solucion-legislativa-que-acorte-plazos-de-entrega-de-ninos

 

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