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El caso Mia

| sábado, 21 de enero de 2012
El caso Mía
El caso de la niña Mía parece haber llegado a su final, tras la decisión de la jueza de la ciudad de Las Piedras, Mary Campiglia, de otorgar la custodia a la familia adoptiva, desechando así la acción de amparo presentada por la familia sustituta con el objetivo de quedarse definitivamente con la niña.
Antonio Ladra | 21/01/2012
El 20 de setiembre de 2010, con apenas unos días de vida, la pequeña Mía llegó a la casa de la familia Márquez, en Canelones. Había sido abandonada por su madre, adicta a las drogas, en el hospital canario. Los Márquez fueron designados por el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), como cuidadores de Mía. Casados y con dos hijos, Sebastián y Clara, desde hace una década cuidan a niños del INAU. Según declararon miembros de la familia Márquez y vecinos, la bebé fue entregada a José y Reina Márquez por autoridades del INAU Canelones con bajo peso y tomando medicamentos.
En el INAU les advirtieron que el cuidado de la bebé era por un período de 45 días a tres meses como máximo, pero la niña estuvo con ellos 16 meses hasta que les fue sacada para entregarla a la familia adoptiva.
El día que la niña fue sacada del hogar en el que vivió hasta ese momento se vivieron escenas desgarradoras, aunque no exentas, en algunos momentos, de una sobreactuación que no correspondía en tanto el interés supremo debería ser el de la menor.
Ejemplo de ello fue cuando la niña fue envuelta con una bandera de Uruguay cuando una funcionaria del INAU se la llevó con apoyo de efectivos policiales.
Hasta aquí lo que se vio en los canales de televisión, en los noticieros, que le prestaron atención informativa, y que lo trataron de manera desigual en tanto drama humano.
Pero a poco de que se desarrolló e investigó el asunto se comenzó a ver que las cosas no eran tan blanco/negro, sino que había grises y otras víctimas de la ineficiencia estatal, del INAU, cosa que habrá que investigar ahora.
La familia adoptante es una de las víctimas. Este matrimonio, compuesto por un funcionario público y una docente se anotaron para adoptar hace cinco años: sortearon todos los obstáculos que legalmente debían sortear y al final les llegó el momento de juntarse con su hija y se encuentran con este hecho, que lejos de hacer que lo vivan con alegría, se les transformó en un momento problemático.
Por decirlo en uruguayo tradicional, "se comieron un garrón", por toda la publicidad que trajo el asunto, pero más que eso, se llegaron a poner en duda muchas cosas sobre ellos, incluso hasta de dónde sacaban el dinero para pagar a la abogada del estudio Ferrere que los asesoró en la emergencia.
¿Es justo para quienes hicieron todos los deberes vivir esta situación?
Esto desalienta a quienes tienen intención de adoptar, porque lo que debería ser legal, prioritario y sencillo, termina siendo un calvario. Y así pasan años para que un niño sea judicialmente apto para adopción, pudiendo tener una familia desde los primeros días de vida.
Por el contrario estas fallas alientan a muchas parejas a recurrir a maneras incorrectas e ilegales para tener un hijo, ante la desesperación de ser padres y ver pasar los años sin resultado alguno.
La otra víctima es la familia sustituta que vivió una situación no deseada, aunque reitero, con una suerte de exageración mediática por su propia iniciativa.
Por último, la gran víctima de este hecho es la propia niña, que hoy, a los 16 meses, no es consciente de todos estos hechos, pero que los revivirá cuando crezca, cuando sepa lo ocurrido en los primeros años de su vida.
Pero así como hay víctimas hay victimarios. A todas luces parece que la ineficiencia estatal, en este caso del INAU, es responsable de este asunto. En todo caso ha servido para poner el tema en la opinión pública y procurar cambios en la legislación para hacer más ágil la adopción.
Ya en el ámbito multipartidario hubo acuerdos para incorporar un plazo máximo para el proceso de adopción, que será para los menores de tres años de 45 días y para los mayores de tres años de 90 días.
Otro punto del acuerdo plantea la posibilidad de que las familias cuidadoras sean escogidas desde el registro de personas que quieran adoptar. Actualmente el registro de personas que aspiran a ser familias adoptantes y el de familias cuidadoras -que cobran unos 5 mil pesos mensuales por niño- son distintos.
La idea es que las familias cuidadoras se elijan con el registro de aspirantes a adoptantes, de manera que cuando la Justicia aprueba una adopción el menor ya esté en manos de sus adoptantes.
Se puede acudir también a otras legislaciones con experiencia probada sobre el tema. En Estados Unidos este sistema es más sencillo y lógico, la madre biológica puede escoger quienes serán los padres que criarán a su hijo y viceversa, pueden conocerse e incluso pactar visitas cuando el niño crezca si así lo desean.
Según datos de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay actualmente hay en lista 60 seleccionados para adoptar, mientras que hay otros 200 que están en proceso. De las últimas 74 adopciones concretadas, las familias cuidadoras participaron en 25 casos.

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