Mía se queda con la familia adoptiva

Fallo Judicial. La jueza Campiglia criticó al INAU por las demoras en el proceso de adopción de la niña La familia sustituta apelará y su abogado denunció "presiones" del INAU hacia la jueza

P. MELÉNDREZ / P. MANGO
La Justicia desestimó el reclamo de la familia de acogida de Mía y confirmó la tenencia a los padres adoptivos. Pero el fallo advirtió un "desprolijo actuar" del INAU en el caso y pidió medidas legislativas para evitar estas situaciones en el futuro.
Con la sentencia, Alison y Federico, los padres adoptantes de la pequeña de 16 meses, comenzarán "una nueva etapa", aseguró al retirarse del juzgado de Las Piedras la abogada de la pareja -que estaba en lista de espera para adoptar desde 2007-, Laura Araújo.
La jueza Mary Campiglia, en una resolución de 12 carillas, rechazó la acción de amparo presentada por Reina Hernández y José Márquez, el matrimonio que fue seleccionado por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) para cuidar a Mía hasta tanto se resolviera todo lo relativo a su adopción.
El fallo señala que a pesar de que el proceso fue lento y eso llevó a que la niña permaneciera mucho tiempo con la familia Márquez-Hernández, eso no causó una "ilegitimidad manifiesta" que permita disponer la restitución de la niña a través de un juicio abreviado como una acción de amparo.
"Si bien resulta comprensible el duelo por el desapego y desarraigo que sufre la familia de acogida, ello no habilita la utilización de este medio procesal para reclamar a la menor", sostiene la resolución.
La jueza Campiglia también señala que la familia de acogida de la niña (que recibió un subsidio del INAU para su crianza) sabía que la estadía de Mía en su casa "era provisoria".
La sentencia recuerda que la ley de adopciones de 2009 brinda competencia exclusiva al INAU para elegir parejas adoptantes, y por eso una decisión judicial en un sentido opuesto "sólo trasuntaría en perjuicio de la niña que pasaría a ser un trofeo a disputar entre la familia de acogida y la asignada para adopción por el INAU".
Por otro lado, la jueza rechazó el pedido de la familia Márquez-Hernández en cuanto a que por vía judicial se ordene al INAU a incluirlos en el registro de postulantes a adoptar.
Campiglia concluyó que el manejo de esa nómina es "resorte" del organismo. "Pero por otra parte -señala el fallo- no puede perderse de vista que aún cuando el INAU inscriba a los promotores en tal registro, ello por sí solo no los habilita a elegir el niño a adoptar".
En otro orden, la jueza también rechazó el pedido de la familia de acogida de disponer de un régimen de visitas para mantener contacto con la pequeña. Para la magistrada, ese punto no se debe resolver mediante una acción de amparo, sino que existe un procedimiento judicial específico.
"DESPROLIJO". Más allá de haber desestimado el reclamo de la familia sustituta de la niña, la jueza Campiglia también cuestionó al INAU porque a su juicio hubo un "desprolijo actuar" del organismo en el caso.
Para la jueza, existió un "lento e irregular proceder" del INAU que generó demoras a lo largo del trámite judicial que involucró a la pequeña que nació en septiembre de 2010 en el Hospital de Las Piedras.
El fallo señala que el 13 de septiembre de ese año la Justicia ordenó derivar a Mía a un hogar del INAU. Recién en febrero de 2011 -cuando ya estaba con la familia Márquez- se pidió autorización para entregarla a un hogar de acogida.
"Nada se expresó en ese momento en cuanto a que la niña se encontraba en un hogar de acogida", sostiene la jueza Campiglia en la resolución.
Luego de intentar contactos con la familia biológica de Mía, tras un pedido del INAU, la Justicia habilitó en octubre de 2011 la entrega a una pareja adoptiva. "Pasaron otros tres meses y recién el 9 de enero pasado a los 16 meses de la niña, el INAU solicitó la efectivización de lo dispuesto el 5 de octubre", dice la jueza.
Por ello, concluye que se debe "propender que situaciones como estas no se repitan". Así, se deben establecer "plazos muy breves" para que las familias biológicas demuestren interés, lo que permitirá evitar la "superposición de roles entre la familia de acogida y la familia aspirante a adopción, aspectos éstos que requieren urgente solución legislativa", dice la jueza.
APELACIÓN. El abogado de la familia Márquez, Sergio Rodríguez, apelará la resolución de la jueza Campiglia, la que calificó de "muy formalista".
El abogado dijo que hubo "presiones" sobre la jueza de parte del INAU. Afirmó que Campiglia pudo verse influencia por declaraciones a la prensa de Ricardo Pérez Manrique, ministro del tribunal de apelaciones de familia de 2° turno, quien realizó comentarios "totalmente improcedentes".
Ayer, los abuelos maternos de Mía se reunieron con la familia Márquez y están dispuestos a intervenir en el expediente a favor de los cuidadores.

HAY 400 FAMILIAS DE ACOGIDA QUE CUIDAN A 1.200 NIÑOS

En Uruguay hay 400 familias de acogida que, a cambio de un subsidio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), se hacen cargo de niños que por diversos motivos están bajo la órbita del organismo, ya sea a la espera de ser adoptados o porque sus familias biológicas no pueden hacerse cargo, más allá de que mantienen un contacto fluido con ellos.
Las familias sustitutas (que en promedio cada una cuida a tres menores) atienden a un total de 1.200 niños, que en su mayoría conviven por períodos de tiempo prologandos y otros solamente en "situaciones de emergencia" debido a casos de abandono o maltrato, según explicó a El País el vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando.
El organismo subsidia a los cuidadores con $ 4.500 por cada niño, cifra que aumenta en $ 800 cuando se trata de menores de dos años y en $ 1.400 si el niño tiene algún tipo de discapacidad, según indicó Ferrando.
El funcionario señaló que, en general, el trabajo de las familias de acogida es muy bueno. Ferrando resaltó que han sido "muy pocos" los casos donde se recibieron denuncias por malos tratos, situaciones ante las cuales en forma inmediata los niños fueron retirados y también se dio cuenta a la Justicia.

Salsamendi: INAU actuó legalmente

El presidente del Directorio del INAU, Javier Salsamendi, dijo ayer que la sentencia de la jueza Mary Campiglia en el caso de la beba Mía demuestra que el organismo "ha actuado con absoluta legitimidad y legalidad y en total acuerdo con los intereses superiores de la niña".
Salsamendi, en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede del INAU en la Ciudad Vieja, reconoció las demoras en el caso y que fueron cuestionadas por la jueza en la resolución.
El jerarca, que estuvo acompañado por el vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando, dijo que la excesiva duración del proceso en este caso ocurrió porque "sencillamente muchas veces lleva un tiempo relativamente largo hacer algunas investigaciones para determinar si existe familia biológica que se pueda hacer cargo de la niña o niño".
Salsamendi también destacó que el INAU buscó "todos los medios a su alcance" para que la familia de acogida entregara a Mía en forma "voluntaria y acordada", cosa que finalmente no ocurrió.
Por otro lado, en cuanto al reclamo de la jueza Campiglia de acotar los plazos legales para casos de este tipo, Salsamendi destacó que el INAU está "completamente de acuerdo" con esa medida, para la cual un equipo de trabajo integrado por el organismo, legisladores y operadores judiciales ha trabajado en los últimos meses.

Legisladores piden indagar "filtración"

Cinco legisladores de la oposición reclamaron al INAU y a la Suprema Corte de Justicia que investiguen "inmediatamente la filtración" del informe técnico del organismo que concluyó que la cuidadora de Mía pretendía adoptar a la niña para mantener la relación con su esposo, de quien estaba separada.
La divulgación del informe, que ayer publicó El País junto a otros medios de prensa, implicó "un abuso de funciones y un atropello a la privacidad de la pareja cuidadora, que fuera seleccionada por el propio INAU para el cuidado de la menor", señalaron los colorados Alfredo Solari, Juan Manuel Garino y Gustavo Espinoso y los nacionalistas Sergio Abreu y Verónica Alonso.
Incluso, los legisladores, en un comunicado conjunto, reclamaron a raíz de este la renuncia de los integrantes del Directorio del INAU por "su incapacidad para garantizar el bienestar y el interés de los menores a su cargo".
El presidente del INAU, Javier Salsamendi, lamentó la actitud de los legisladores, a quienes acusó de llevar a cabo "una maniobra política muy menor" en busca de "rédito político". Salsamendi dijo que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, le expresó el respaldo a los jerarcas.
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